Google deberá desindexar una sentencia condenatoria por delito contra la propiedad industrial

condena penalEl buscador Google recibió solicitud de un ciudadano español para la eliminación de un resultado concreto de búsqueda consisten en una sentencia de un juzgado de lo penal de Cádiz, en la que se le condenaba a 20 meses de multa por un delito continuada contra la propiedad industrial. Google se negó a retirar ese resultado pero ahora la Agencia Española de Protección de Datos le insta a eliminarlo.

Una página web había publicado el contenido de una sentencia de un juzgado de lo penal de Cádiz, dictada en el año 2009, y por la que se condenaba a una persona a 20 meses de multa por un delito continuado contra la propiedad industrial. El contenido de la sentencia quedó indexada en el buscador Google y el afectado le solicitó al buscador que procediera a desindexarla, indicando que esa información le está perjudicando enormemente personal y profesionalmente, manifestando igualmente que desde dicha publicación no tiene ni encuentra trabajo y está en estado de total exclusión social, habiendo pagado ya la condena penal pero siguiendo pagando una condena social por el error que cometió y que no está dispuesto a consentir más humillaciones sobre su persona.

Sin embargo, Google se negó a retirar el enlace, por entender que la información es de interés público en relación a su vida profesional.

El afectado acudió entonces a la Agencia Española de Protección de Datos, donde Google volvió a insistir sobre el hecho de que la URL del reclamante remite a información de relevancia e interés público incuestionable. En particular, afirma Google, se trata de una Sentencia por la que se condena a este señor  por un delito continuado contra la propiedad industrial. Termina afirmando Google que nada indica que los datos personales publicados en la noticia sean inexactos o incompletos.

La Agencia analiza la naturaleza del buscador Google, señalando que un buscador es una herramienta que facilita al usuario de internet el acceso a determinadas páginas web. Para ello, la herramienta accede a una lista de enlaces previamente indexados y ofrece al usuario una relación de direcciones web que remiten a páginas en las que figuran las palabras seleccionadas por el usuario.

Trae a colación a continuación la Sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, donde en relación a la responsabilidad del buscador en territorio español, se establece que: “procede considerar que el tratamiento de datos personales realizado en orden al funcionamiento de un motor de búsqueda como Google Search, gestionado por una empresa que tiene su domicilio social en un Estado tercero pero que dispone de un establecimiento en un Estado miembro, se efectúa en el marco de las actividades de dicho establecimiento si este está destinado a la promoción y venta en dicho Estado miembro de los espacios publicitarios del motor de búsqueda, que sirven para rentabilizar el servicio propuesto por el motor.
En efecto, en tales circunstancias, las actividades del gestor del motor de búsqueda y las de su establecimiento situado en el Estado miembro de que se trate están indisociablemente ligadas, dado que las actividades relativas a los espacios publicitarios constituyen el medio para que el motor de búsqueda en cuestión sea económicamente rentable y dado que este motor es, al mismo tiempo, el medio que permite realizar las mencionadas actividades. (…) la propia presentación de datos personales en una página de resultados de una página de resultados de una búsqueda constituye un tratamiento de tales datos. Pues bien, toda vez que dicha presentación de resultados está acompañada, en la misma página, de la presentación de publicidad vinculada a los términos de búsqueda, es obligado declarar que el tratamiento de datos personales controvertido se lleva a cabo en el marco de la actividad publicitaria y comercial del establecimiento del responsable del tratamiento en territorio de un Estado miembro, en el caso de autos el territorio español. (…) debe interpretarse en el sentido de que se lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro, en el sentido de dicha disposición, cuando el gestor de un motor de búsqueda crea en el Estado miembro una sucursal o una filial destinada a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por el mencionado motor y cuya actividad se dirige a los habitantes de este Estado miembro.

Por otra parte, en cuanto a la publicación de sentencias judiciales, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2015, determina lo siguiente:

“Por lo tanto, hay que indicar al responsable del fichero que las sentencias judiciales dictadas por los tribunales no son una fuente de acceso público, y que es preciso el consentimiento de los afectados para el tratamiento de los datos que en ellas aparecen. Si quiere publicar alguna sentencia, solo podrá hacerlo siempre y cuando esté anonimizada, es decir, que no figuren datos personales en la misma.”

Por tanto, en atención a la normativa de protección de datos y a la citada Sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 13 de mayo antes citada, la Agencia concluye que procede la exclusión de los datos personales del reclamante al tratarse de datos obsoletos, excesivos y no concurrir “interés preponderante del público en tener acceso a esta información” a través de una búsqueda en Internet “que verse sobre el nombre de esa persona”, de forma que se insta a Google a eliminar de su índice de resultados el relativo a esta sentencia condenatoria.

Resumen del caso:


El solicitante es personaje público:
 NO.
Fuente de la información: página web sin especificar.
Naturaleza de la información: sentencia penal condenatoria.
Año de la solicitud: 2015
Antigüedad de la información: sentencia del año 2009 (6 años de antigüedad).
Resultado: el buscador debe desindexar el resultado.
Motivo: información obsoleta.
Resolución

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