Niegan el derecho al olvido a un periodista acusado de corrupción en un blog anónimo

periodistaLa Agencia Española de Protección de Datos ha desestimado el derecho al olvido de un periodista que solicitaba que sus datos no aparecieran en el buscador Google relacionados con un enlace a un blog anónimo en el que se le tacha de corrupto. La Agencia entiende que en la información, publicada en el año 2011, concurre un interés preponderante del público en tener acceso a esa información, por lo que deniega la solicitud del afectado de desindexación del buscador.

En el año 2011 un usuario anónimo publicó, utilizando una plataforma de alojamiento de blogs gratuita, un artículo en el que tachaba al afectado de ser un periodista corrupto. Ilustra el artículo con diferentes fotografías del sujeto en cuestión.

A finales del año 2014 solicitó a Google la desindexación de esa noticia en virtud de la entonces reciente Sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, pero el buscador se negó a retirar el contenido alegando que la información publicada allí es de interés público.

Ante la negativa del buscador, el interesado acudió a la Agencia Española de Protección de Datos solicitando al tutela de su derecho, en concreto, que requiriera a Google para que retirara de su índice de resultados ese concreto enlace a la noticia del blog.

Google le indicó a la Agencia que se había negado a retirar esa información porque en ese blog se publica información de relevancia e interés público al tratarse de “un supuesto caso de
corrupción en el que el interesado estaría implicado, como Presidente de una compañía editorial sanitaria.”

La Agencia, tras invocar diversas consideraciones de la Sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014 considera, en efecto, que el tratamiento de datos de carácter personal que realiza el gestor de un motor de búsqueda permite que de un “nombre” se obtenga una lista de resultados que ofrezcan información sobre una persona que pueda afectar a su ámbito
privado. Una vez que el interesado ha presentado su solicitud de cancelación de sus datos personales ante el motor de búsqueda, deberá examinarla y proceder, en su caso, a la supresión de los enlaces concretos de la lista de resultados, sin que previa o simultáneamente se tenga que acudir al responsable del sitio web.

Ahora bien, en este caso en concreto, la Agencia entiende que el interesado, como periodista especializado en temas de salud y como Presidente de una editorial sanitaria, desempeña una actividad de proyección pública. Afirma igualmente que la información ofrecida en el blog se refiere a críticas relativas al ejercicio de su función, por lo que no procede la exclusión de sus datos personales al concurrir “interés preponderante del público en tener acceso a esta información” a través de una búsqueda en Internet que verse sobre el nombre de esa persona.

Finalmente considera la Agencia también que, la pretensión del interesado no es la tutela de un supuesto derecho de cancelación, sino que más bien parece referirse a la protección de su derecho al honor y a la propia imagen. El cauce adecuado, concluye, por tanto, no se encuentra en la normativa de protección de datos de carácter personal, sino, en su caso, en la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

En este sentido hay que tener en cuenta lo dispuesto en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de febrero de 2011, en cuyo fundamento jurídico tercero se expone: «En este caso es necesario comenzar desvinculando la materia de protección de datos de la relativa al derecho al honor y ello pues para la protección de este derecho existe un procedimiento específico de reclamación previsto en la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen cuyo artículo 1 establece que “El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artículo 18 CE, será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo
establecido en la presente ley orgánica”. 

La LOPD se aplica en los supuestos en los que se hace necesario someter a determinados controles el empleo de los datos personales para evitar usos inconsentidos, excesivos o destinados a fines contrarios a los recogidos o el tratamiento de los datos sin la información precisa etc. Todo esto se protege en un ámbito jurídico que es diferente a la divulgación de informaciones atentatorias a determinados derechos fundamentales como son el honor ó el derecho a la propia imagen. La separación de ambos sistemas de protección se aprecia, también, por el hecho de que los preceptos que se aplican en ambos casos son diferentes y, además, los procedimientos previstos para la reacción ante la violación de uno y otro ámbito del ordenamiento jurídico también son diferentes.
En aquellos supuestos en los que se produce una colisión entre el derecho a la protección de datos y el derecho a la libertad de información contenido en el artículo 20 de la Constitución la prevalencia de la libertad de información resulta evidente siempre que se cumplan los requisitos de veracidad y relevancia pública que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional según una jurisprudencia muy uniforme cuyos principios básicos se recogen en la STC 53/2006

Resumen del caso:


El solicitante es personaje público:
 NO.
Fuente de la información: blog anónimo.
Naturaleza de la información: información que le considera un periodista corrupto.
Año de la solicitud: 2015.
Antigüedad de la información: noticia publicada en 2011.
Resultado: el buscador NO debe desindexar el resultado.
Motivo: información de interés público.
Resolución